11.9.10

LA CONCIENCIA, LA MEMORIA Y LA IMPUNIDAD Por Alfredo Pita En un clima que creíamos superado de manipulación de la opinión y de explotación de los miedos que aún genera el terrorismo, el gobierno peruano y sus adláteres se están esforzando por montar un marco legal que sustituya leyes actualmente vigentes, con el propósito de garantizar la impunidad de criminales que cometieron, en las últimas décadas, en medio de la lucha contra la subversión, delitos de lesa humanidad contra la población. No se puede interpretar de otro modo la aprobación de instrumentos como el Decreto 1097, que busca anular en forma elusiva y taimada –por el tiempo transcurrido, por falta de pruebas o por otras razones mañosas— los procesos en marcha contra militares que violaron los derechos humanos durante la guerra interna. Estamos ante un claro intento de iniciar, e imponer, un proceso de impunidad más amplio de lo que parece, que beneficie a estos procesados y a otros, que aún no lo están, por delitos similares. Como si no bastara con la inaplicación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, que debieron precisamente haberse aplicado para que nuestra sociedad superase los traumas de la guerra interna y los heredados de la historia, traumas estos últimos que permitieron precisamente el desmadre de la violencia de los 80 y 90, ahora tenemos que en el Perú hay autoridades que quieren reeditar la Ley de Punto Final argentina y otros engendros legislativos del mismo corte. El problema, como lo han demostrado los casos argentino y chileno, y otros, es que, por más que se intente cercenar la memoria de los pueblos, ésta siempre permanece, y, le pese a quien le pese, al final siempre impondrá la sanción que los crímenes merecen. De nada servirá barrer pues, como se intenta ahora, la basura bajo la alfombra con decretos fraguados por intrigantes y tinterillos. A la larga, la sanción, impuesta por la justicia peruana o por los tribunales supranacionales competentes, caerá sobre los responsables, puesto que los crímenes de lesa humanidad son internacionalmente imprescriptibles. Si por el particular carácter de las instituciones peruanas, y por alguna otra falla, los criminales al final lograran burlar la sanción, ésta de todos modos llegará, porque la memoria colectiva, y selectiva, se encargará de alimentar a la Historia. Los criminales de todos modos serán sancionados, aunque sea moralmente, de cara al futuro. Mientras tanto, el deber de todo ciudadano peruano informado y responsable, en esta hora en que se intenta de nuevo imponer la impunidad y burlar la justicia, la memoria y la historia, es alzar la voz y decir lo que nos dicta la conciencia. Durante la guerra interna, las fuerzas armadas se enfrentaron a las bandas terroristas y las derrotaron. El problema es que, en este empeño, muchos militares secuestraron, torturaron, violaron, asesinaron y desaparecieron a miles de civiles peruanos inocentes, campesinos quechuahablantes en su mayoría. Ni la sociedad ni los militares peruanos tendrán paz ni futuro si las fuerzas armadas y el poder no deslindan y rompen con este pasado, pidiendo perdón a las víctimas en primer lugar. Todo esfuerzo en sentido contrario no sólo será una farsa sino también otro crimen. El escándalo del Decreto 1097 está provocando en el país fuertes reacciones individuales e institucionales, y no es para menos. El Perú y los sectores conscientes de la sociedad peruana están otra vez en un momento decisivo de la historia. Estamos ante un momento de quiebre no sólo político sino moral, que afecta a toda la colectividad nacional. Ante esto, quisiera dirigirme a mi “gremio”. Los escritores peruanos, y los creadores en general, debemos ponernos de pie en esta hora, tan numerosos como podamos, para protestar por estas maniobras indignas de la democracia que se dice que vivimos. En una sociedad como la peruana actual, en que la incultura es cultivada con ahínco, para manipular precisamente a las masas adormecidas, la voz de los intelectuales, de los que se supone entienden mejor lo que pasa, debe alzarse para alertar a nuestros conciudadanos. Esta actitud cívica es hoy más que nunca necesaria. Callar antes los hechos que vemos es arriesgar, como en los años 80, pasar por ingenuos, por interesados o por cómplices.